Nadie en su sano juicio puede dejar de alegrarse porque el gobierno nacional se haya propuesto construir dos millones de viviendas en los próximos años.
El sábado pasado fui testigo, en las barriadas caraqueñas de Catia y La Pastora, de cómo miles de personas decidieron censarse durante el primer día de la jornada del Registro Nacional de Vivienda. Probablemente muchos de ellos ya se han inscrito en otros censos y han sido llamados a participar en algunas de las tantas misiones o planes de vivienda popular que el gobierno ha organizado en los últimos 10 años. Pero no importa, la esperanza es lo último que se pierde.
Esta nueva promesa la asume directamente el Presidente de la República, protagonizando personalmente su promoción en plena campaña electoral de reelección. En Venezuela sabemos de sobra que en campaña electoral se ofrecen muchas cosas a los pobres para ganar su favor y luego se olvidan fácilmente de los ofrecimientos.
Suponiendo que hay buena fe, luce difícil creer que la promesa llegará a cumplirse efectivamente, porque el modo cómo se pretende realizar suena descabellado. Por ejemplo, en una ciudad como Caracas, llevar adelante un plan masivo de viviendas implica necesariamente acondicionar la ciudad a través de un vasto plan urbano de equipamiento de servicios y de vías de comunicación. Al mismo tiempo, es necesario contar con un amplio plan de terrenos que no se pueden obtener sólo a través de la amenaza de expropiación arbitraria. También se requiere garantizar una amplia oferta interna de producción de insumos para la construcción, ya que si estos se adquieren por la vía de la importación se encarece notablemente el costo; esto por señalar sólo los aspectos más obvios. Con los datos disponibles estamos ante una promesa, pero no ante un plan de construcción masiva de vivienda.
Hasta ahora las realizaciones exitosas que contabilizamos en materia de construcción masiva de vivienda son aquellas en las cuales ha sido posible articular la participación del Estado, de la empresa privada de la construcción (a nivel nacional e internacional), de los profesionales y técnicos, de organizaciones no gubernamentales y de las comunidades afectadas organizadas. Esas sinergias requieren de un marco regulatorio orientador en donde se establezcan claramente las reglas de juego para todos los participantes. En Venezuela ya hemos tenido algunas experiencias exitosas; la Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional (2000) y la gestión del ya desaparecido Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), que por aquellos años, permitieron avanzar en la línea descrita.
La construcción masiva de vivienda popular es una gran oportunidad para enfrentar la exclusión, pero ojalá pasemos de las promesas y buenas intenciones a planes efectivos y realistas.
Francisco José Virtuoso SJ
fjvirtuoso@ucab.edu.ve
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